Walter Paz Quispe Santos
Todo empezó con la presencia de la minera Santa Ana. En las comunidades campesinas aimaras de Huacullani, Zepita, Desaguadero y aledañas, empezó a reinar la incertidumbre, porque se trataba de una invasión extranjera para explotar los minerales de la zona. Sobre todo la preocupación de las consecuencias para la calidad de vida de los pobladores de las localidades citadas, como la contaminación y el riesgo de la producción agropecuaria. Claro, la minera les había ofrecido muchas cosas de corto plazo, como convertirlos de agricultores en mineros, y otras regalías más.
Luego los campesinos se organizaron e iniciaron una huelga que ya tiene más de 10 días y la respuesta del gobierno y la gente allegada a los intereses de las mineras los sindicó “indios salvajes” “indios revoltosos degradados en el alcohol” como cierta prensa capitalina con evidente racismo y etnocentrismo lo que motiva el análisis del asunto en cuestión. Ahora se han aunado los pobladores de Yunguyo, Ilave, Acora porque también sufren la explotación desigual de los minerales en sus territorios.
Leyes sin legitimidad.
Existen contundentes evidencias acerca de la imposibilidad de la aplicación de las leyes, normas en la realidad peruana, sobre todo en contextos campesinos como es el caso de la zona aimara, tampoco la voluntad intercultural del respeto de otras normas y de asumir otros valores diferentes a los de “occidente”. Esa incapacidad pone en tela de juicio el doble aspecto de nuestras leyes. De una parte, se explica por la vigencia de un orden social que se basa en la exclusión de tales culturas, como las amazónicas y para el caso que comentamos: las normas de los aimaras. Lo que resulta marginatorio y excluyente respecto de estos sectores de la población peruana a cuyos intereses el Estado supone representar, es que no se les toma en cuenta absolutamente para nada. Las manifestaciones de las aimaras entrevistados por canales locales y nacionales son los mejores testimonios del caso, quienes manifestaban la ilegitimidad de las leyes que regulaban las conductas sociales de los ciudadanos. Por otro lado, también existe un comportamiento público y judicial que sustenta su proceder en la represión estatal violenta que se plasma en la marginación, en una dicotomía en el tratamiento de los asuntos públicos, esto es evidente si realizamos un análisis antropológico al código penal vigente. Así el Estado que se afirma mediante una forma de Derecho de pretensión homogeneizante y universalizadora no sólo niega las clases sociales sino que viola la diversidad étnico cultural. El mecanismo jurídico al respeto es concesivo y amplio pero no deja de ser perverso y contraproducente como en los recordados sucesos de Ilave.
Los discursos e ideología sobre y del campesinado.
Existen al menos tres discursos claramente diferenciados que subyacen la recomposición de las organizaciones campesinas, sobre todo en los sucesos de la lucha contra la minería y por supuesto el efecto en otras localidades. Existen quienes ven al campesino bajo la misma configuración de campesino el cual conduce a la formalización de una problemática clase – etnia que impide imaginar al aimara como sujeto portador de un proyecto y de una práctica política autónoma. También están los que manejan un discurso indigenista que consiste en ver en el indígena ese “marginado” “excluido” debería ser integrado a la sociedad nacional, asunto muy difundido por los intelectuales y ciertos sectores de la sociedad, y uno que otro político de izquierda. Y Finalmente, están quienes diluyen el campesinismo en una identidad “andina” con ribetes convencionales y poco sostenibles pero muy difundidos por la intelectualidad nacional.
Lo cierto, es que hay unas prácticas milenarias que están imbricadas a las prácticas culturales que se ven afectadas por la explotación discriminada a favor de las grandes transnacionales y con el mínimo beneficio de la población de los lugares donde la minería impera como la caries dental.
Campesinos en la Política o Política de los campesinos.
Existe un conflicto abierto latente al que no le prestan atención nuestros legisladores y autoridades, se trata de dos polos opuestos que se presentan en la composición social de nuestro país. Por un lado están las fuerzas no indígenas actuando en pro de una integración indiferenciada de los “indios” en la sociedad global, quienes en su afán de asimilación han creado las expresiones de “tradicionales” a los que no entienden el tono y “modernos” para los que transitan por ese camino. Esa percepción es evidente en la prensa capitalina, los congresistas y la clase social alta. Por otro lado, se encuentran los mismos campesinos, quienes de manera todavía difusa tratan de poner en práctica formas de auto-desarrollo basadas en la etnicidad. Los mismos, se muestran indignados porque de acuerdo con las investigaciones sociales un aspecto por el que siempre expresaran su protesta es por los atentados contra su dignidad, mientras que las clases altas cuidaran la libertad de expresión. Una forma de atentar contra su dignidad es no tomarlos en cuenta, excluirlos, y reducirlos al dato histórico.
Aquí se pone en cuestión un dilema no dilucidado: “Los campesinos en la política o la política de los campesinos”. De hecho que estos días somos testigos de un movimiento aimara, campesino bajo el signo de una renovación identitaria generalizada: la nación aimara.
La suerte de etnicidad construida estos días no es más la exigencia de la permanencia que permite comprender la continuidad del rechazo histórico a una dominación impuesta, leyes que no guardan relación ni armonía con sus intereses y necesidades, cuando al momento de resolver la corrupción, o actos reñidos o posturas no aceptadas como el autoritarismo, la tozudez y otros comportamientos de nuestras autoridades se constata que no sirven, no son aplicables y que las normas propias construidas históricamente no son tomadas en cuenta.
¿Como explicamos el rechazo histórico? Sabemos muy bien que en la configuración de la ciudadanía en nuestro país, habíamos abandonado una sociedad cerrada de señores y siervos, la sociedad de los “mistis” que no permitían la participación de los campesinos en el Poder, y los abusos eran tales que las luchas y conquistas sociales permitieron la apertura de una sociedad abierta con el consiguiente reconocimiento social de los campesinos a costa de la identidad étnica, a partir de allí tuvimos autoridades campesinas, alcaldes campesinos, congresistas campesinos. Sin embargo lo que “indigna” a los mismos es que estos han optado posturas de la sociedad cerrada de los señores, reproduciendo formas de administración coloniales, autoritarismo, abuso de poder, y otros., llegando a administrar los Municipios y el Gobierno Regional como tiendas y a entender la participación política como botines de grupo asunto que fue pábulo suficiente para las reacciones y el descontrol que conocemos.
Finalmente, nos preguntamos ¿Por qué la relación de los campesinos con la ley y la institucionalidad sigue siendo excluyente, unilateral, cancelatoria, suicida históricamente? ¿Acaso, esperamos que se produzcan más sucesos lamentables como el de Ilave para tomar conciencia de que nuestra sociedad es multicultural, multiétnica y con muchas relaciones de conflicto al que el Estado debe atender en un marco plural y de dilucidación democrática? Con llamarlos indios salvajes degradados en el alcohol no conseguimos nada, ellos más bien exigen una ciudadanía étnica y diferenciada en la sociedad peruana, sino el país siempre estará en medio de la encrucijada: entre los que quieren verlo incendiado y los que lo quieren ver congelado.
Es urgente revisar la ley de concesiones mineras, y que está sea dilucidada en un marco democrático y con una práctica equitativa, donde todos sean los beneficiarios de sus ganancias. Y en lugares donde hay otros recursos como el agua y que es la única fuente de vida, es menester priorizar ese recurso natural como es el caso de los hermanos de Yunguyo. La consulta a las etnias originarias es el imperativo necesario en la coyuntura actual como lo prescribe el convenio 169.
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