Walter Paz Quispe
Santos
En la región Puno, el quehacer político ha dejado de ser una
práctica institucionalizada con límites jurídicos claros: gobierno regional,
consejo regional y movimientos políticos. Hoy se ha sumido en una informalidad
e improvisación, la predominancia de los inversores económicos en la campaña
electoral sobre los estrictamente políticos, así como las identidades
familiares e intereses de grupo han enrarecido la práctica política regional.
Hacer política en Puno es someterse a una dictadura de unos “asesores”
improvisados sin el perfil requerido, todo esto porque el gobernante de turno
no muestra ningún liderazgo ni principio de autoridad. Es decir, no gobierna
Juan Luque, sino otros a los que nunca los elegimos. ¿Quién eligió a Cornejo,
Urquizo, Pizarro, Ancco, Gallegos, Ramírez y tanto desconocido para que tomen
decisiones sobre el futuro de la institucionalidad regional? Sin duda nadie.
Pero gobiernan la Región Puno. Y lo gobiernan mal.
El Gobernador Regional no delimita la política en tanto labor
profesional tampoco promueve la participación ciudadana en la toma de
decisiones. Prefiere estar inmovilizado, maniatado, sumido, impedido,
paralizado, entumecido, secuestrado. Los sinónimos abundan así como la cantidad
de errores permitidos a los asesores o consultores. No hay propuesta sino
tráfico. Menos gestión sino clientela.
Los asesores o consultores al ser abordados sobre su conducta
política caen en vértigos argumentales, recurren permanentemente a las falacias
de negación y falsa ignorancia. Niegan que ellos son los que gobiernan y se
hacen los desentendidos sobre las consecuencias de sus malas decisiones. Es
decir, no asumen la responsabilidad del gobierno. Usufructúan del poder que le arrebataron o a Juan Luque. No asumirán, que duda cabe,
sobre los activos y pasivos de sus malas decisiones. Los asumirá el gobernador
regional con un final poco satisfactorio para los intereses regionales.
El fujimorismo creó el Fondo de Apoyo Gerencial al sector público el 24 de Julio de 1992
mediante Decreto Ley 25650. Desde esa fecha las intromisiones de pequeños
círculos o grupillos en los gobiernos regionales han sido permanentes y nocivos
más por sus propuestas delictivas que transparentes. Es decir, ha servido más para alentar la
corrupción que un buen gobierno. Los pocos estudios de la ciencia política
dedicados al desempeño de consultores y asesores demuestran que su aporte al
desarrollo regional ha sido muy poco significativos. Los asesores o consultores
al no mostrar los más altos valores éticos y estándares de productividad
laboral excepcional no son parte de la solución sino del problema.
EL artículo 3 del Decreto Ley 25650 señala que “El Fondo de
Apoyo Gerencial al Sector Publico, permitirá financiar los gastos de personal
que preste servicios técnicos y profesionales altamente calificados de carácter
temporal. Dicho personal no deberá tener ningún vínculo laboral con alguna
entidad del Estado, estar con licencia o en uso de vacaciones” Sin embargo,
alguno de los asesores o consultores del Gobierno Regional, usan de una
licencia del sector educación; atentando así contra el principio de legalidad.
El Ministerio de Economía y Finanzas ha señalado mediante una comunicación
escrita que la designación de estos asesores es de exclusiva responsabilidad del
gobernador regional. Así no valen los argumentos de un supuesto aval de ese
Ministerio.
Si recurrimos al Código de Ética de la Función Pública allí
se exige los deberes de neutralidad, transparencia, discreción, entre otros, y
prohibiciones como obtener ventajas indebidas, realizar tráfico de influencias,
etcétera. La conducta política de estos asesores y/o consultores muestran que
la política y la función pública están muy desprestigiadas y lindan con
presumibles actos de corrupción. Es hora que le devuelvan el poder al
Gobernador Regional y se dediquen exclusivamente a sus labores de asesoría y
consultoría. Y los que no cumplen los requisitos retirarse para salud del
ejecutivo regional.
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